Lima, 2 de julio de 2025 – El Consejo de Ministros, con luz verde del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aprobó ayer un decreto supremo que eleva el salario de la presidenta Dina Boluarte de S/ 16 000 a S/ 35 568 mensuales . Esta medida, basada en un informe técnico de comparación internacional y jerárquico, entrará en vigencia a partir de su publicación oficial en El Peruano .
✔️ Fundamentación técnica
El MEF, siguiendo una resolución de SERVIR y un acuerdo de directorio de Servir, aplicó una metodología que combina datos de salarios presidenciales en 12 países latinoamericanos y los ingresos más altos dentro del Ejecutivo .
Según estos resultados, la mandataria se encontraba en el penúltimo lugar de remuneración regional, por ello se consideró adecuado alinearla con estándares comparables .
🔥 Posturas y polémica política
Críticas desde el Congreso y sociedad: El congresista Carlos Zeballos rechazó la medida por considerarla «inviable políticamente» en un contexto de baja aprobación presidencial (3 %) y crisis de inseguridad .
Además, la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez advirtió que la propuesta excede el límite legal de 10 URSP (aproximadamente S/ 26 000) establecido por la Ley 28212, calificándola de potencialmente ilegal .
Defensa desde el Ejecutivo: Tres ministros —Ángel Manero (Midagri), Morgan Quero (Educación) y Juan Carlos Castro (Ambiente)— sostienen que el aumento es legal, técnico y necesario, en concordancia con la Ley Servir y la lógica de jerarquía institucional .
🏛️ Contexto político y repercusiones
El salario vigente de S/ 16 000, común desde gobiernos anteriores, fue considerado por el MEF y la PCM como insuficiente para la máxima autoridad del país .
No obstante, este anuncio sucede en medio de un escenario adverso para la gestión presidencial: baja popularidad ciudadana, que en algunos momentos se ha situado en un mínimo histórico de 3 %, y una campaña pública de cuestionamiento por otros temas sensibles, como el escándalo «Rolexgate»
🧭 ¿Qué sigue?
La norma será publicada en El Peruano en los próximos días y a partir del día siguiente entrará en vigencia .
El rechazo ciudadano –con encuestas que indican un rechazo de hasta 94 % según el IEP– y los cuestionamientos legales pueden generar impugnaciones o revisiones jurídicas, en especial respecto al tope salarial legalmente permitido .
📝 Balance
El Gobierno argumenta que el ajuste salarial responde a criterios técnicos y de equidad interna y regional, mientras que sus críticos lo consideran inoportuno e incluso fuera del marco legal. La discusión pública se intensifica: ¿Es justo y necesario emparentar salarios institucionales o se trata de una desconexión política en tiempos de crisis?
Este caso plantea desafíos sobre la gestión económica, la percepción ciudadana y el respeto a los límites legales vigentes.
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